Los paraísos fiscales no sólo permiten pagar menos impuestos o no pagarlos en absoluto sino también esconder la procedencia ilícita del dinero sucio y de la criminalidad financiera, que se amparan en sus peculiares legislaciones, o mejor dicho, en la ausencia de legislación que posibilita su existencia.
Aunque los paraísos fiscales existieron desde la antigüedad, su auge y multiplicación se produce en la segunda mitad del siglo XX, en estrecha relación con la mundialización financiera y económica, nacida a su vez de la liberalización y la desreglamentación de las actividades financieras, aceleradas desde hace unas tres décadas. Han conocido un desarrollo espectacular a partir de los años setenta, y siguen una distribución geográfica determinada por los grandes polos económicos mundiales: Estados Unidos, Europa y Asia. Casi todos los países de Europa tienen su propio paraíso fiscal y a veces dentro del propio territorio. Una buena parte de los paraísos fiscales son ex colonias todavía dependientes de la antigua metrópolis, y más de la mitad son antiguas colonias de la Corona Británica (Islas Caimán, Bahamas, Islas Vírgenes, Gibraltar, Pitcairn...), así como lugares bajo su tutela en la zona del canal de la Mancha (isla de Jersey, islas Guernesey, isla de Man); cuya soberanía ficticia sirve de taparrabos a una delincuencia financiera no sólo tolerada, sino alentada, por ser útil y necesaria al funcionamiento de los mercados. La City de Londres —como las otras grandes plazas financieras— trabajan con este dinero, mediante el trato de favor a los “domiciliados no residentes”, un estatuto hecho a medida para atraer a los armadores griegos, los bolsistas franceses o las grandes fortunas de Oriente Próximo. Lo demuestra la constante oposición del Reino Unido, así como de Luxemburgo y los Países Bajos, a toda tentativa de armonización fiscal en el ámbito europeo y a controlar y gravar los movimientos de capitales. Holanda cuenta con el llamado privilegio de filiación. Dicha ventaja fiscal para las sociedades holding consiste, simplemente, en que no tributan nada, no pagan un florín por los dividendos y ganancias que les reporten sus filiales.
El efecto de los paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Andorra, Liechtenstein, Mónaco, San Marino... va más allá de la pérdida de recaudación por fraude fiscal, y la consiguiente reducción de ingresos para financiar políticas públicas; favorecen la deslocalización de empresas y su mera existencia ejerce sobre los demás gobiernos una presión para reducir los impuestos a las empresas y a los ricos, a fin de evitar el aumento de la evasión de capitales. Así, Alemania, los Países Bajos, Dinamarca y otros países justifican la introducción de ventajas fiscales a los holdings alegando que es para impedir la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales.
Suiza lava más blanco
En casi todo el mundo, la evasión fiscal es un delito sujeto a la justicia penal. Pero no en Suiza, donde la falsedad en la declaración de la renta o la sustracción intencionada de ganancias imponibles son sólo infracciones administrativas. Por otro lado, según la ley suiza todo empleado que brinde información sobre la identidad de sus clientes, aunque sea a su gobierno, comete una acción criminal. Gracias a su sistema bancario hipertrofiado, a la defensa del sacrosanto secreto bancario y las cuentas numeradas; la acogida, la custodia, el encubrimiento y la reinversión de los capitales en fuga de todo el mundo son los fundamentos de la prosperidad helvética. Se calcula que en Suiza residen a salvo de miradas indiscretas el 27 % del conjunto de los mercados financieros offshore (extraterritoriales) del mundo. Con este porcentaje, la Confederación se encuentra muy por delante de Luxemburgo y los diversos paraísos fiscales del Caribe y del Extremo Oriente. Al abrigo del secreto, se hacen fructificar más de 3 billones de dólares de fortunas privadas extranjeras; siendo los haberes extranjeros llamados institucionales (fondos de pensión, etc.) netamente minoritarios. El fraude organizado, el contrabando y otras actividades ilegales perpetradas a partir del territorio helvético son evaluadas por la Comisión Europea en 1.000 millones de euros por año. El dinero de la corrupción y del pillaje de los Estados del Tercer Mundo por dictadores y elites locales es la segunda gran fuente de la fabulosa riqueza del paraíso helvético. Suiza practica la libre convertibilidad de las monedas. Su “neutralidad” política, el cinismo y la extremada competencia de sus banqueros han incitado tradicionalmente a los dictadores de toda calaña -los Sani Abacha (Nigeria), Mobutu (Zaire), Jean-Claude Duvalier (Haití), Marcos (Filipinas), entre otros- a depositar con toda confianza el fruto de su rapiña en el paraíso suizo. Pero es tal la complejidad de la ley helvética que son muy pocos los gobiernos africanos, latinoamericanos o asiáticos que tuvieron ocasión de recuperar apenas unas migajas de las fortunas de sus dictadores depuestos. Jean Ziegler, profesor de la universidad de Ginebra. Le Monde Diplomatique, febrero de 2001.
Andorra, Mónaco, Liechtenstein, Liberia, las islas Marshall o las islas Caimán son algunos, quizá de los más activos, paraísos fiscales que existen en el mundo. En la Unión Europea, Gibraltar es uno de los centros más dinámicos; con apenas 10 km. cuadrados de superficie, alberga 30.000 sociedades fantasmas para el blanqueo del dinero sucio, según el FMI.
Hace veinte años solamente había unas cuantas jurisdicciones de paraísos fiscales, atendidas por unos cuantos profesionales de las finanzas e inalcanzables para muchos individuos y empresas. Pero eso fue antes del desmantelamiento mundial de los controles sobre los flujos internacionales de capital y antes de la revolución de las comunicaciones electrónicas. Hoy la industria financiera extraterritorial u offshore (para no residentes) es un gran negocio global, de hecho es una enorme economía en la sombra. Tales jurisdicciones compiten entre sí y con el resto del mundo para atraer al capital flotante ofreciendo entornos fiscales bajos o nulos y la ocultación de la propiedad.
Con ello, los estados están perdiendo soberanía en materia de política fiscal, puesto que se ven forzados a competir ofreciendo ventajas para atraer al capital flotante. Desaparece el control democrático de la tributación del capital, sobre la que el ciudadano no tiene ningún control. Esta competencia fiscal a la baja y los paraísos fiscales reducen los ingresos tributarios que de otra manera podrían contribuir a los servicios públicos, al desarrollo y a la reducción de la pobreza. Las grandes fortunas pagan cada vez menos. Luego, los estados de la Unión Europea recortan servicios sociales a los ciudadanos.
El valor de los activos depositados en paraísos fiscales, libre de impuestos o sujeto a unos impuestos mínimos, alcanza por lo menos los 11 billones de dólares, más de un tercio del PIB anual mundial (3). Estimación de J.Christensen de AABA, citado en “ Tax Avoiders Rob Wealth of Nation”, 17/11/02, The Observer.
El total de los fondos que pasan anualmente a través de los sectores de los servicios financieros de los paraísos fiscales es equivalente en términos generales al comercio total mundial de bienes y servicios (unos 7 billones de dólares) (4). Oxfam GB Policy Paper, “Tax Havens: Releasing the Hidden billions for poverty erradication”, 2000 (Oxfam GB).
La industria extraterritorial u offshore (para no residentes) en su conjunto está implicada en la mitad aproximadamente del valor de las transacciones financieras del mundo (5). Offshoresimple.com (offshore professionals) en http://www.offshoresimple.com/tax_havens_history.htm
Las pérdidas de ingresos fiscales de los países en desarrollo ascienden por lo menos a 50.000 millones de dólares, más o menos la misma magnitud que los flujos anuales de ayuda económica (6); mientras el Reino Unido pierde al menos 20.000 millones de libras al año a causa de los paraísos fiscales (7).
(6) Oxfam GB, 2000 op.cit.
(7) “Big Business Still Dodging the Tax Issue”, 12/01/03, The Observer.
Por otro lado con un incremento anual de los ingresos fiscales de tan solo un 0,5 % de los activos depositados en estos paraísos para el dinero, se podrían financiar por completo los Objetivos del Desarrollo del Milenio de la ONU. para reducir a la mitad la pobreza mundial en el 2015.
Para blanquear y evadir impuestos en los paraísos fiscales son imprescindibles las empresas-pantalla, las llamadas sociedades instrumentales, empresas fantasma que no existen o que simulan su existencia con una simple dirección postal. Cada año se crean en el mundo 150.000 sociedades extraterritoriales (que no exigen la residencia) opacas -trust, fundaciones, holdings- destinadas a ocultar al identidad de sus verdaderos beneficiarios. Se calcula que hay en el mundo bastante más de un millón de ellas.
Con un simple juego de escrituras se puede exportar o expatriar el patrimonio a esos agujeros negros de la economía y las finanzas mundiales.
Prácticamente todos los grandes escándalos económicos de los últimos años están relacionados de alguna forma con los paraísos fiscales: las cuentas secretas del BBVA (España) en Jersey, filiales de Enron (EEUU) en las islas Caimán o las sociedades de Parmalat (Italia), Elf (Francia) o el Banco Santander Central Hispano domiciliadas en varios paraísos fiscales, por poner solo unos ejemplos. Esas grandes estafas han perjudicado o arruinado a millones de pequeños y medianos accionistas, pensionistas y empleados.
Según la memoria 2002 del BBVA, esta entidad ha obtenido 221,8 millones de euros, con 36 sociedades radicadas en paraísos fiscales. En España, la Fiscalía Anticorrupción ha detectado un incremento de la delincuencia financiera en los últimos años; en el 2001 el blanqueo de capitales aumentó un 57% sobre el año anterior.
En las dos últimas décadas miles de millones han desaparecido de las contabilidades nacionales y han ido a parar a esos paraísos. Se calcula que la evasión de impuestos a gran escala en países desarrollados reduce hasta un 15% los ingresos de los estados y, en consecuencia, las inversiones en educación, sanidad y seguridad. Además, la corrupción tiene en los paraísos fiscales los cómplices imprescindibles donde guardar y camuflar el fruto de sus rapiñas: esa corrupción retrasa el desarrollo social, como reconoce el propio FMI, o precipita directamente a la ruina. El caso de Argentina es significativo: el dinero evadido o robado al erario público que fue a paraísos fiscales equivalía casi al monto total de la deuda externa que ahoga al país.
Los paraísos fiscales reciben el dinero de todo el mundo y lo hacen “trabajar” en los circuitos internacionales sin necesidad de justificar su origen y bajo un anonimato absoluto, y además, con tarifas más bajas que la media del sector. Se calcula que en ellos estén depositados más de cinco billones de dólares, una cantidad cincuenta veces superior al presupuesto de la Unión Europea. Esta actividad atrae la presencia de gran número de bancos y otros establecimientos financieros. De hecho, no es de extrañar que los principales bancos de todo el mundo tienen establecidas sucursales en ellos, incluidas entidades tan honorables como la Caixa, Caja Madrid, el Banc de Sabadell....en la que confiadamente depositamos nuestros ahorros.
Paradójicamente, utilizan las reglas de un mundo en vías de desaparición -aquél en el que la soberanía se define como un dominio territorial- para hacer totalmente virtuales y opacas la economía y las finanzas mundiales. En una perversión del principio de soberanía imponen, en efecto, legislaciones cuya única finalidad es escapar a las normas e investigaciones legales de los demás países. Son unos microestados, cuya soberanía internacional es a menudo imprecisa o discutible en el plano jurídico, o bien son parte del territorio de algún país admitido en el concierto de los Estados, pero que protege las actividades que allí se ocultan.
Mientras que el derecho de injerencia se reivindica para resolver ciertos conflictos, continúa prohibiéndose, en nombre del principio sagrado de la soberanía nacional, cualquier interferencia sobre los países que mercadean esta soberanía y venden su legislación al mejor postor.
En condiciones de imponer planes de ajuste estructural draconianos a decenas de países bajo el yugo del FMI y el Banco Mundial, de someter durante décadas a embargo a Estados (Irak, Irán, Libia, Cuba), de negociar permanentemente abandonos de soberanía, las grandes potencias y la “comunidad internacional” parecen incapaces de presionar a un puñado de minúsculos pseudo-Estados, a menudo bajo protectorado, para que se amolden a un
conjunto de normas comunes... ¡en nombre del respeto a su soberanía y a su independencia nacional!
El volumen de dinero que circula allí ha crecido tanto en los últimos años con la globalización de los mercados financieros, que el fenómeno preocupa incluso al “establishment” económico-financiero y a los propios gobiernos que los han impulsado o permitido con su apatía y falsa tolerancia. Ha llegado un punto en que la delincuencia financiera no es un hecho marginal producto de la actividad de un grupo de delincuentes profesionales, sino que, como dice un autor : “el dinero negro es la sangre del sistema económico y del poder”, forma parte del núcleo del entramado financiero de la economía globalizada. Una realidad que se manifiesta en la aparición continuada en los medios de comunicación de escándalos financieros protagonizados por banqueros, políticos, profesionales y delincuentes financieros de toda clase que al realizar sus operaciones fraudulentas utilizan invariablemente los paraísos fiscales.
Presentada sistemáticamente bajo forma de “escándalos” que envuelven en algún país, de modo episódico, una empresa o un banco, un responsable o un partido político, un cártel o una mafia; la delincuencia financiera pierde su legibilidad. Esta masa de transacciones relativas a operaciones ilícitas -calificadas de crimen o delito según unas leyes nacionales o un acuerdo internacional- suele reducirse a una sucesión de disfunciones accidentales de la economía y la democracia liberales que una “buena gobernancia” podría resolver. Todo lo contrario de lo que es en realidad: un sistema coherente, íntimamente relacionado con la expansión del capitalismo moderno, y basado en una asociación de tres partenaires: gobiernos, empresas transnacionales y mafias.
De hecho la intersección entre economía legal y economía criminal marca la orientación de los movimientos financieros mundiales. Las grandes organizaciones delictivas no pueden asegurar el blanqueo y el reciclado de las fabulosas ganancias obtenidas con sus actividades sin la complicidad de los medios y el laisser-faire del poder político. Para reforzar y acrecentar sus posiciones y sus beneficios, aplastar o resistir a la competencia, conseguir los “contratos del siglo”, financiar sus operaciones ilícitas; las empresas transnacionales necesitan el apoyo, la complicidad, o la tolerancia de los gobiernos y la neutralidad de las instancias de regulación. En cuanto al personal político, directamente participante, su poder de intervención depende de los apoyos y de la financiación que garantiza su permanencia en el poder. Esta convergencia de intereses constituye un componente esencial de la economía mundial, el lubricante indispensable para el “buen” funcionamiento del sistema.
En la competencia desenfrenada de la guerra económica todos los golpes son válidos. La panoplia está bien provista: ententes y cárteles, abuso de posición dominante, dumping y ventas forzadas, información privilegiada y especulación, absorción y despiece de competidores, balances falseados, manipulaciones contables y de precios de transferencia, fraude y evasión fiscal por filiales offshore y sociedades pantallas, malversación de fondos públicos y mercados trucados, corrupción y comisiones ocultas, enriquecimiento no justificado y abuso de bienes sociales, vigilancia y espionaje, violación de las reglamentaciones en materia laboral y libertad sindical, de higiene y seguridad, de cotizaciones sociales, de contaminación y ambientales. A esto hay que añadir las prácticas vigentes en las zonas francas, multiplicadas en el mundo, Europa incluida; zonas total o parcialmente fuera de la ley común, en particular en materia social, fiscal y financiera.
Encontramos este tipo de operaciones en todos los grandes sectores de actividad y en todos los mercados: armas, petróleo; obras públicas; transporte aéreo, ferroviario y marítimo; telecomunicaciones; banca y seguros; química; agroalimentación... Acarrean considerables malversaciones de fondos, salidos de cuentas lícitas de sociedades transnacionales para reaparecer en los paraísos fiscales. Un fantástico pillaje que jamás aparecerá en ninguna contabilidad global.
Para realizarlas, sus autores tienen necesidad del poder de las organizaciones internacionales, especialmente de su aptitud para decretar el mínimo de reglamentaciones restrictivas, para suprimir las que existen o hacerlas inaplicables; retardando indefinidamente las investigaciones e instrucciones y paralizándolas, y para reducir o amnistiar eventuales sanciones. En compensación, se ofrecen a “financiar la democracia”: campañas electorales de los partidos, promoción de los personajes políticos y altos funcionarios que más prometen, seguidos por un ejército de agentes de influencia, lobbies encargados de ayudarlos a adoptar las “buenas opciones” y de corromperlos, y presentes en todas las instancias de decisión.
Llegado el caso, casi no hacen muchos ascos en recurrir a los servicios de organizaciones criminales, profesionales. Contra los trabajadores : truhanes de la patronal y sindicatos amarillos, rompehuelgas, policía privada y escuadrones de la muerte actúan en la mayoría de sus filiales y proveedores deslocalizados en los países del Sur. Contra accionariados indóciles : el control de yakuzas durante las asambleas generales. O aún, para la ejecución de “contratos”, contra intermediarios que se vuelven demasiado molestos o investigadores demasiado curiosos: se ha perdido la cuenta de los hombres de negocios, banqueros, políticos, jueces, abogados o periodistas que se “suicidaron” con un capuchino al cianuro, colgándose o cayendo de un décimo piso con las manos atadas a la espalda, pegándose dos tiros en la cabeza, ahogándose vestidos en un charco o en su bañera, resbalando bajo un autobús, en una cuba de hormigón o de ácido, cayendo desnudo al mar, desde su yate lleno de guardaespaldas; volatilizados en vuelo o en coche...
De hecho, la gran delincuencia actual, se basa en la capacidad de aprovechar los diferenciales causados por los déficits de regulación política, económica, jurídica y social en cualquier rincón del planeta y en cualquier momento.
Los bancos y grandes empresas están ávidas de captar, después de haberlas blanqueado, las ganancias de los negocios del crimen organizado. Al lado de las actividades tradicionales -droga, extorsión, secuestro, juego, proxenetismo (de mujeres y niños), contrabando (alcohol, tabaco, medicinas...), atracos, falsificaciones, fraude fiscal y malversación de caudales públicos-, prosperan nuevos mercados : contrabando de inmigrantes ilegales, y de éxodo de refugiados, tráfico de órganos humanos, piratería informática, tráfico de objetos de arte y antigüedades, de automóviles robados y sus repuestos, de especies protegidas, falsificación, tráfico de armas, de residuos tóxicos y de productos nucleares...
Los beneficios obtenidos anualmente del tráfico de drogas (cannabis, cocaína, heroína) representarían entre 300.000 y 500.000 millones de dólares (sin contar las drogas de síntesis, en desarrollo explosivo), o sea del 8 % al 10 % del comercio mundial. La cifra de negocios de la piratería informática supera los 200.000 millones de dólares; el de la falsificación de marcas, los 100.000 millones; de 10.000 a 15.000 millones por fraude al presupuesto comunitario europeo; una veintena de miles de millones por el tráfico de animales protegidos, etc.
El tráfico de armas, junto con el narcotráfico y la prostitución, es una de las actividades ilegales más rentables en todo el mundo. Según la Cruz Roja Internacional las armas ligeras han causado más de cuatro millones de muertes desde 1990; sin duda, muchísimas más que las que pudieran causar todas las drogas durante décadas y décadas. De esos cuatro millones de víctimas, más de tres millones y medio son civiles, de los que casi tres millones son mujeres y niños. Toda una heroicidad. Según datos del diario británico The Guardian, 550 millones de armas ligeras circulan alegremente por el mundo, de las que casi 250 millones son poseídas ilegalmente y por tanto compradas y vendidas al margen de la ley, por otro lado no muy restrictiva.
Investigadores de todo el mundo concluyen que la financiación de grupos terroristas es inseparable de los paraísos fiscales. Según un estudio de la economista Loretta Napoleoni de la London School of Economics, el terrorismo mueve al año alrededor de 500.000 millones de dólares. Ese dinero precisa ser blanqueado para comprar armas, pagar pisos francos y viajar de un lado a otro. Según Napoleoni, los grupos terroristas actuales consiguen dinero en un país, lo transfieren a otro y actúan en un tercero. Una situación típica para utilizar paraísos fiscales, tal como descubrió la policía española en 2002: la banda terrorista ETA había blanqueado grandes sumas en paraísos fiscales a través de sociedades instrumentales. Como vemos en esos “paraísos” convergen terroristas, políticos corruptos, mafias organizadas y delincuentes de cuello blanco que dirigen grandes empresas.
En total, teniendo en cuenta sólo las actividades de dimensión transnacional, el producto delictivo mundial supera largamente el billón de dólares anuales, lo que equivale a cerca del 20 % del comercio mundial y a más del triple del volumen de dinero que mueve la industria petrolera. Admitiendo que los costes (producción y proveedores, intermediarios y corrupción, gastos de inversión y de gestión, pérdidas por confiscación y represión...) representen a grosso modo el 50 % del volumen de negocio, quedan 500.000 millones de beneficio anuales. O sea, en diez años, 5 billones de dólares, más del triple del total de las reservas en divisas de todos los Bancos Centrales.
Para gestionar este inmenso yacimiento, las grandes organizaciones delictivas tienen absoluta necesidad de la ayuda del sistema financiero internacional para blanquear ese dinero y reciclarlo en el circuito legal. Y están dispuestos a pagar el precio. El coste de la operación: alrededor de un tercio, o sean 150.000 millones de dólares repartidos entre redes bancarias e intermediarios: abogados, corredores, gerentes de trusts...Al final de las cuentas, anualmente se blanquean y se reinvierten más de 350.000 millones de dólares, es decir, casi 1.000 millones diarios. Ningún sector de actividad se aproxima a estas cifras, y nadie puede rivalizar con tal capacidad, que representa entre la mitad y los dos tercios de las inversiones directas en el extranjero (IDE).
Las organizaciones delictivas multinacionales, en tanto que adeptas al mercado y a una mundialización cuyas lógicas controlan perfectamente, no recargan las cajas de ahorro. Buscan las tasas de beneficio más altas: inversiones de riesgo y especulación financiera (cuya burbuja inflan), mercados emergentes, sector inmobiliario, nuevas tecnologías. Sin dejar de asegurarse sólidas rentas en las joyas de la industria y el comercio. Son el lubricante de la enorme expansión del capitalismo moderno, en asociación permanente con las transnacionales, en las que invierten, y con los bancos, que gestionan sus inversiones. Les resta suficiente dinero para mantener su tren de vida y participar en la financiación y en la corrupción de los partidos y dirigentes políticos que mejor mantengan en el Estado un sistema que les resulta tan favorable.
En realidad la carrera desenfrenada en pos de los beneficios y la acumulación de capital se traduce en robo generalizado del producto del trabajo de la humanidad y de las riquezas comunes, acarreando la corrupción de las costumbres de las clases dirigentes.
Christian de Brie, Observatorio de la mundialización. ATTAC-Sorbone
Pese al carácter disolvente y desintegrador de los paraísos fiscales, y a pesar de que el propio FMI reconoce que su enorme dimensión supone riesgos para el propio sistema financiero internacional, las instituciones financieras internacionales no han dado ningún paso para su erradicación. En realidad no es probable que ni el FMI, ni el Banco Mundial, ni la OCDE tengan intención real de hacerlos desaparecer. La OCDE, que agrupa a los países más desarrollados del planeta, ha tardado once años en acordar un amago de definición de paraíso fiscal. No es de extrañar porque entre sus miembros hay dos paraísos fiscales : Suiza y Luxemburgo. A pesar de la clara relación de los paraísos fiscales con la inestabilidad financiera internacional, el blanqueo, la corrupción, la financiación del terrorismo y de la delincuencia internacional, EEUU no tiene demasiado interés en suprimirlos y los países europeos no se pone de acuerdo; ni siquiera se ha logrado que los países de la Unión intercambien información fiscal de forma operativa.
Las declaraciones de intenciones de los jefes de estado y de gobierno, salmodiadas como una letanía ritual en el curso de cada cumbre internacional, no llegan a nada, porque en realidad no se quiere tocar lo esencial. Los resultados de la lucha contra el blanqueo, la corrupción, el fraude y los tráficos internacionales son ridículos. Apenas representan una ínfima fracción de una delincuencia que estalla por doquier.
Resulta inadmisible que la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, Gran Bretaña y los estados europeos, mantengan el principio de la disparidad y de libre competencia fiscal, y toleren y acepten los paraísos fiscales, y que su pervivencia sea totalmente ignorada por el proyecto de Tratado-Constitución europea, actualmente en debate.
Sabiendo que los gobiernos y las organizaciones internacionales no están por la labor, corresponde a la sociedad civil obligarlos a enviar esos paraísos al infierno.
El peligro que significa su nocividad y su integración en el sistema económico mundial suele ser subestimado y poco conocido en profundidad por la opinión publica. El reconocimiento de la escala y la importancia de lo que está ocurriendo no está muy extendido, pero esto está cambiando. Las redes de académicos, investigadores, profesionales y activistas están uniendo fuerzas para revelar la amenaza que representa la competición fiscal para el desarrollo y para la democracia. Así la existencia de una criminalidad financiera internacional que utiliza los paraísos fiscales para el lavado de dinero “sucio” está siendo desvelada por diversos movimientos sociales que en el III Foro de Porto Alegre impulsaron la creación de la Red Global por la Justicia Fiscal. (www.taxjustice.net) Es un centro tanto de investigación como de realización de campañas, una nueva iniciativa que busca suscitar el debate y apunta al establecimiento de una coalición mundial para señalar y resistir la amenaza a la democracia y al desarrollo que representa la competición fiscal ilimitada.
En el Reino Unido, la Association for Accountacy and Business Affairs (AABA) (Asociación para los Asuntos de Contabilidad y Negocios) difunde estas cuestiones y presiona en favor de reformas, proporciona un excelente punto de partida para la información e investigación en http://visar.csustan.edu/aaba/aaba.htm (este sitio opera desde los EEUU para beneficiarse de la legislación sobre libertad de información). La página “Offshore Watch” (visar.csustan.edu/aaba/jerseypage.html) informa de novedades y artículos sobre temas actuales que pueden constituir la base para breves cartas a los parlamentarios y a los medios de comunicación.
En toda Europa, la red de ATTAC (www.attac.org) ofrece noticias y actividades de las campañas en torno a esta y otras cuestiones de la globalización financiera.
En los EEUU, Citizens for Tax Justice (www.ctj.org.) Ciudadanos por la justicia fiscal, es un grupo muy consolidado que aborda principalmente cuestiones estadounidenses.
War on Want, Guerra a la Miseria (waronwant.org) presta su apoyo a todos los esfuerzos de investigación y de acción para un recorte serio del papel de los paraísos fiscales en la economía global, y la garantía de que la competición fiscal prosiga solamente donde pueda ayudar a la reducción de la pobreza.
La Red Global por la Justicia Fiscal considera que es necesario instaurar el derecho de injerencia internacional en los paraísos fiscales, para lo cual es necesario romper la sacralidad del secreto bancario. La creación de un espacio judicial y una fiscalía contra la delincuencia financiera a nivel continental e internacional es la pieza básica, junto con el establecimiento de un cuerpo jurídico compartido. Éste es el instrumento clave para realizar las investigaciones pertinentes, obligar a las entidades bancarias a conservar las pistas de las transacciones, rescatar los fondos de dinero “sucio”, desvelar las redes de “empresas tapadera”, establecer el principio de residencia para la fiscalidad empresarial y decretar el encarcelamiento de los delincuentes financieros.
Oxfam (oxfam.org) es de las pocas ONG internacionales que ofrece cifras sobre los movimientos de capitales en los paraísos fiscales, aunque siempre son cálculos aproximados por la propia opacidad de estos movimientos. “Las pérdidas de ingresos fiscales de los países en desarrollo ascienden por lo menos a 50 mil millones de dólares, más o menos la misma magnitud que los flujos anuales de ayuda al desarrollo”, refleja su estudio.
Global Witness, (globalwitness.org) una ONG británica, ha publicado recientemente un informe en el que detalla el uso de paraísos fiscales para el pago que realizan empresas petroleras transnacionales a gobernantes corruptos, entre los que destaca el dictador de Guinea Ecuatorial. Fundada en 1993 y con centro en Londres trabaja para esclarecer las relaciones entre la explotación de los recursos naturales y los abusos de los derechos humanos, particularmente cuando su explotación como en las explotaciones madereras, la extracción de diamantes y la extracción de petroleo... implica perpetuar el conflicto y la corrupción.
Un juez argentino ha decretado la orden de captura internacional de Menem por el origen de los fondos que tiene depositados en un banco suizo. La delincuencia financiera está siendo combatida por redes de jueces y fiscales articulados a través de la declaración de Ginebra y por movimientos sociales, entre los que destaca Attac con su campaña contra los paraísos fiscales
En ámbitos financieros y empresariales todavía es corriente escuchar alabanzas sobre los paraísos fiscales. El portal financiero (labolsa.com) incluso especifica las diferencias entre las dos prácticas más comunes, para disculpar lo que denomina ‘elusión fiscal’: “El aprovechamiento de las ventajas que proporcionan los paraísos fiscales no supone ningún delito, ya que en este caso se trata de elusión fiscal, no de evasión. (...) En el primer caso nos aprovechamos de la legislación vigente para minimizar el impacto fiscal, mientras que la evasión consiste en evitar el control fiscal para no pagar impuestos”.
Pero como afirma Peter Eigen, Presidente de Transparency International (TI) (www.transparency.org), durante la presentación del Informe Global de la Corrupción 2004 “La corrupción política socava las esperanzas de prosperidad y estabilidad de los países en vías de desarrollo, y perjudica la economía mundial. El abuso del poder político para obtener beneficios privados perjudica a los servicios públicos vitales, y saquea los bolsillos de los contribuyentes y los accionistas en todo el mundo. El problema debe ser enfrentado a nivel nacional e internacional”. El IGC 2004, con un especial énfasis en la corrupción política, “es un llamado a la acción para traer integridad y confiabilidad a los gobiernos, para detener el soborno por parte de las compañías multinacionales, y para luchar contra el flujo de activos robados hacia cuentas secretas privadas en occidente.”
El IGC 2004 expone en detalle los fondos supuestamente malversados por líderes políticos de las últimas dos décadas. Se dice que durante su desgobierno, Mohamed Suharto, Presidente de Indonesia desde 1967 a 1998, robó entre 15 mil y 35 mil millones de dólares en un país donde el PIB per capita ronda los 700 dólares. Suharto encabeza la lista de políticos corruptos. “La corrupción política priva a millones de personas de asistencia médica, educación y perspectivas de un futuro sostenible,” afirma el Presidente de TI-Zimbabwe, John Makumbe durante el lanzamiento del IGC 2004 de TI en Londres. “La lucha contra la corrupción necesita de una voluntad política sostenida en los niveles más altos, y no solamente en los países que se están recuperando del legado de Moi, Suharto, Duvalier o Abacha.”
La corrupción de los gobernantes y funcionarios de muchos países en desarrollo hace que miles de millones de dólares de ayuda humanitaria donados por las agencias internacionales no lleguen a los beneficiarios. Transparencia Internacional lleva tiempo dedicada a recuperar ese dinero "sustraído" por los gobernantes corruptos y colocado, en muchos casos, en paraísos fiscales. En ese sentido, las secciones de TI en África están impulsando una campaña para la repatriación de los bienes que se apropiaron de forma ilegal los ex dictadores y que fueron depositados en cuentas bancarias en Londres, Zurich, Nueva York y Liechtenstein.
Transparecy International puso en marcha en 2002 una campaña, denominada 'Haga Público lo que Paga', con la que se pretende ejercer presión sobre las empresas petrolíferas y mineras para que declaren los impuestos y 'royalties' que pagan a los gobiernos de los países en los que opera. Así, tanto TI como la ONG Global Witness (www.globalwitness.org) han instado a los órganos reguladores de las finanzas, como la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, a exigir dicha declaración como un requisito más para poder cotizar en Bolsa.
La desaparición de los paraísos fiscales es imprescindible so pena de aceptar que el planeta Tierra se convierta en feudo de corruptos, criminales y terroristas. Sin duda es una larga y dura batalla porque lo es contra la vieja y nefasta visión que pretende que el beneficio económico está por encima de las personas, del mundo y de la propia Vida.
